Un condado de Colorado acordó el martes pagar 65,000 dólares para resolver una demanda federal que alegaba sobre la mala gestión del alguacil que provocó un brote de COVID-19 en la cárcel el año pasado.
El pago aprobado por los comisionados del condado El Paso cubrirá los honorarios de los abogados pagados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que presentó la demanda, informó The Gazette.
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Wellpath of Nashville, Tennessee, la compañía a la que se le pagó para brindar atención médica en la cárcel de Colorado Springs, pagará $ 30,000 adicionales como parte del trato.
Un portavoz de la oficina del alguacil se negó a comentar sobre el acuerdo. Wellpath no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el miércoles.
La demanda se presentó después de que más de 1,000 presos en la cárcel contrajeron COVID-19 el otoño pasado, el brote más grande entre las cárceles y prisiones de Colorado. Alegó que los reclusos no recibieron máscaras durante meses durante la pandemia y fueron castigados por fabricar las suyas propias, lo que, según dijo, ayudó a crear una crisis "gigantesca y evitable".
Bill Elder el alguacil de la prisión acordó hacer cambios después de que se presentó la demanda, incluida la entrega de dos máscaras de tela a los presos y el monitoreo regular de los presos que dan positivo por COVID-19.
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Los cambios, que fueron aprobados por un juez, permanecerán vigentes hasta el 4 de octubre. Sin embargo, ACLU puede pedirle a un juez que los prorrogue si la orden de emergencia de salud pública del gobernador Jared Polis sigue vigente y las condiciones empeoran en la cárcel. Dijo el abogado de Boulder Dan Williams, quien trabajó con ACLU en la demanda.
