DENVER, Colorado - Un juez de Colorado rechazó el jueves las afirmaciones de organizaciones civiles y de derechos electorales de que un grupo de partidarios de Donald Trump intimidó a los votantes cuando fueron de puerta en puerta denunciando fraude después de las elecciones de 2020.
La demanda contra los líderes del Plan de Integridad Electoral de Estados Unidos alegaba que las actividades del grupo incluían fotografiar las casas de los votantes e “intimidar a los votantes puerta a puerta” en áreas donde vive un gran número de minorías. El grupo se fundó después de que Trump perdiera las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden e hiciera afirmaciones falsas de fraude electoral masivo.
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El juicio por el caso comenzó el lunes y se suponía que continuaría durante toda la semana. Pero la jueza federal de distrito Charlotte Sweeney puso fin abruptamente al procedimiento la madrugada del jueves, poniéndose del lado de los partidarios de Trump, según documentos judiciales.
Los abogados de las organizaciones demandantes (la Liga de Mujeres Votantes de Colorado, el capítulo regional de la NAACP y Mi Familia Vota) habían invocado la Ley Ku Klux Klan del siglo XIX en su demanda. Esa ley se aprobó después de la Guerra Civil para impedir que los militantes blancos utilizaran la violencia y el terror para impedir que los negros votaran.
El juez dijo que ambas partes parecían estar litigando cuestiones fuera del alcance del caso, informó Colorado Politics.
“No se trata de la insurrección del 6 de enero (2021) ni de la historia de intimidación de votantes en este país. No se trata de la creencia colectiva de los acusados sobre el fraude electoral. No se trata de la seguridad o la falta de seguridad de las elecciones en Colorado”, dijo Sweeney, designado por el presidente Joe Biden. "Esos son espectáculos secundarios y yo estaba tratando de captarlos".
El proyecto de Integridad Electoral de EE. UU. tiene vínculos con el director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, uno de los teóricos de la conspiración electoral más destacados del país y uno de los principales benefactores de las causas de negación electoral.
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Michael Wynne, abogado de Holly Kasun, líder del grupo conservador, dijo que la demanda “fue un caso clásico de lawfare”.
“Ninguno de estos individuos hizo nada que pudiera llamarse intimidación”, dijo Wynne.
La abogada de Free Speech For People, Courtney Hostetler, que representó a los demandantes en el caso, dijo en un comunicado que estaban decepcionados con el fallo y estaban considerando apelar.
