DENVER, Colorado - Un juez federal en Denver desestimó la demanda presentada por las Escuelas Públicas de Denver (DPS) contra el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La demanda buscaba evitar que ICE realizara operativos migratorios en escuelas y otros lugares considerados seguros.
Argumentos de DPS
DPS basó su demanda en que la orden ejecutiva del gobierno actual no establece lineamientos específicos sobre cuándo o cómo los agentes de ICE pueden ingresar a una escuela, a diferencia de la política anterior, que requería una orden judicial para hacerlo. La incertidumbre sobre estas normas, según DPS, ha generado temor en la comunidad migrante y afectado la asistencia escolar.
La preocupación de DPS aumentó tras los operativos migratorios realizados el pasado 5 de febrero en los apartamentos Cedar Run y en un paradero de autobús cercano, lo que provocó que muchos padres dejaran de enviar a sus hijos a la escuela por miedo. Esto ha resultado en una disminución de la asistencia y en la necesidad de destinar recursos escolares para apoyar a las familias afectadas, en lugar de enfocarse en la educación.
Decisión del juez
El juez federal Daniel Doménico tardó 15 minutos en tomar la decisión de negar la demanda de DPS. En su fallo, señaló que tenía "extrema renuencia a emitir una orden judicial a nivel nacional" y que los tribunales federales deben ser "cuidadosos de no interferir en la formulación de políticas internas".
Además, el juez reconoció que, aunque las familias inmigrantes pueden sentir temor ante la posibilidad de operativos en escuelas, ese temor se basa en posibles acciones futuras y no en hechos concretos, lo que limita la posibilidad de intervención judicial. También destacó que no hay pruebas de que ICE haya ingresado a una escuela sin permiso legal.
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Respuesta del gobierno y DPS
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó en la corte que DPS no logró demostrar que haya sufrido daños reales por el cambio en la política migratoria. También señaló que, debido a la distribución de las 200 escuelas en toda la ciudad, sería difícil determinar qué paraderos de autobús están cerca de ellas, y restringir los operativos en esas áreas afectaría la capacidad de ICE para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Tras la decisión, DPS emitió un comunicado en el que expresó su decepción por el fallo, aunque destacó que el juez reconoció los impactos que han sufrido las escuelas públicas. Como respuesta a la controversia, el juez solicitó al gobierno que publique los lineamientos que los agentes de inmigración deben seguir, en lugar de manejarlos como una comunicación interna, como se hacía anteriormente.
El fallo refuerza la postura del gobierno de proteger escuelas, lugares de culto y a los ciudadanos, al tiempo que busca evitar que individuos con antecedentes criminales utilicen estos espacios como refugio ante las fuerzas del orden.
