WASHINGTON — Los republicanos en el Congreso están apuntando a cuatro ciudades —a menudo llamadas “ciudades santuario”— que limitan la cooperación de sus agencias policiales con las autoridades federales de inmigración, en una audiencia esta semana mientras el presidente Donald Trump avanza con su campaña de deportaciones masivas.
Los alcaldes Michelle Wu de Boston, Brandon Johnson de Chicago, Mike Johnston de Denver y Eric Adams de Nueva York comparecerán el miércoles ante la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.
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No hay una definición estricta para las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta agencia aplica las leyes de inmigración de Estados Unidos a nivel nacional, pero busca ayuda estatal y local, particularmente para deportaciones a gran escala, solicitando que la policía y los alguaciles les alerten sobre las personas que desean deportar y las retengan hasta que las autoridades federales tomen custodia.
Sin embargo, algunas ciudades y estados afirman que la cooperación con el ICE inhibe a las personas que están ilegalmente en el país de declarar como testigos en casos de delitos.
Y, a distintos niveles, las autoridades municipales quieren que sus localidades sean lugares acogedores para los inmigrantes.
Los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de la mayoría de las leyes santuario. Pero el gobierno de Trump ha atacado las políticas de santuario desde el principio de su segundo mandato, viéndolas como un obstáculo para deportar a las personas masivamente.
El gobierno ha demandado a Chicago e Illinois, así como al estado de Nueva York, por diversas leyes de inmigración.
Denver se convirtió en un centro para inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Unos 43,000 de ellos han ido allá en los últimos dos años.
El alcalde Mike Johnston luchó por reunir los recursos para albergar y alimentar a los migrantes, recortando partes del presupuesto de la ciudad y suplicando al gobierno federal junto a otros alcaldes por financiamiento, que solo llegó parcialmente.
La atención aumentó cuando un video de hombres armados en un edificio de apartamentos en el suburbio de Aurora de Denver se volvió viral, lo que llevó al entonces candidato Trump a afirmar que la ciudad de aproximadamente 400,000 personas estaba invadida por una pandilla venezolana.
La idea fue rápidamente repudiada por funcionarios locales, pero el foco de atención permaneció en Colorado.
A principios de febrero, agentes federales fuertemente armados, con máscaras y vehículos blindados, aparecieron en toda el área metropolitana.
Los resultados de la operación son inciertos, y Homan indicó que las filtraciones a los medios de comunicación obstaculizaron las redadas.
El alcalde ha repetido que quiere que Denver sea un lugar acogedor, pero no para aquellos que cometen delitos violentos.
El mes pasado, las Escuelas Públicas de Denver se convirtieron en el primer distrito en demandar al gobierno de Trump por su política que permite a los agentes de inmigración de ICE en las escuelas.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. El texto fue revisado por un editor de TELEMUNDO Digital.
