La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que “se está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza” contras las protestas y se está construyendo una “arquitectura de impunidad” para las fuerzas del orden.
LIMA, Perú — Una importante organización peruana defensora de los derechos humanos dijo el jueves en un informe que la respuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte a las protestas que piden su renuncia y la de los miembros del Parlamento “ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”.
En una conferencia de prensa, Mar Pérez, la investigadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que en “la historia de la democracia en el Perú no hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”. Perú retornó a la democracia en el año 2000 al finalizar el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000).
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Las protestas que empezaron el 7 de diciembre —tras la juramentación de Boluarte, quien asumió la presidencia luego que el Parlamento destituyera al entonces mandatario Pedro Castillo— han dejado más de 50 muertos.
De ellos, 46 son civiles muertos como resultado “del uso de la fuerza” empleado por policías y militares. Otros 9 civiles perecieron en el contexto de los bloqueos. Además un policía fue hallado muerto en un patrullero incendiado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó la semana pasada a las autoridades peruanas a realizar una investigación imparcial y oportuna del uso de armas por la fuerza pública en el contexto de las protestas, dados los resultados de autopsias practicadas a manifestantes fallecidos con heridas de bala en cuerpo y tórax.
La víspera, Alberto Otárola, el primer ministro de Boluarte y antes su ministro de Defensa, anunció que planeaban otorgar una cantidad de dinero adicional al sueldo de los policías por “el inmenso sacrificio y profesionalismo” que han mostrado en el breve gobierno.
En contraste, el informe cuestiona que el gobierno, lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales de las muertes de manifestantes, los altos funcionarios avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden. Eso, recoge el documento, “evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de Estado”.
Un reportero de The Associated Press preguntó el martes a la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales en el palacio presidencial si ella ordenó “de forma expresa no usar armas letales”. La mandataria no respondió a la pregunta.
Boluarte ratificó en esa conferencia el actuar apegado a la ley de las fuerzas del orden durante las protestas y pidió a los manifestantes “una tregua” para hablar de las necesidades sociales. Horas después, las protestas masivas continuaron y la policía las reprimió usando gases lacrimógenos.
El informe de la ong afirma también que los uniformados usaron munición prohibida para el control de multitudes incluyendo “perdigones de metal, canicas de vidrio y balas”. Se añade que los policías usaron fusiles AKM, mientras que los soldados dispararon fusiles marca Galil, a partir de videos difundidos de los hechos registrados en varias ciudades de los Andes, donde han ocurrido casi la totalidad de las muertes.
Otro aspecto que se destaca sobre el comportamiento de los uniformados es el lanzamiento de gases lacrimógenos de forma directa al cuerpo de manifestantes, “vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente, nunca al cuerpo”. También arrojarlos a cortejos fúnebres de fallecidos en protestas como en la ciudad de Andahuaylas o desde helicópteros en las ciudades de Ayacucho o Juliaca.
La tarde del jueves cientos de manifestantes retomaron las protestas por la más importante avenida que conecta la zona norte capitalina con el centro histórico de Lima, donde los espera otro grupo similar.
La policía, como ha ocurrido desde la semana pasada cuando las manifestaciones estallaron con fuerza en Lima, amuralló con agentes antimotines las calles de acceso al Parlamento y al palacio presidencial.
BORIC RESPONDE: "SIEMPRE LEVANTAREMOS LA VOZ"
El presidente chileno Gabriel Boric afirmó este jueves que seguirá levantando la voz cuando se violen los derechos humanos, ya se en Chile o en el extranjero, en respuesta a las quejas presentadas por Perú por sus comentarios sobre la represión a manifestantes peruanos en las protestas.
“No importa el color político del gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en el sur chileno.
Las autoridades de Perú expresaron en la víspera su malestar al embajador chileno en Lima por “la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la Celac, a la presidenta de la República Dina Boluarte”, señaló en Twitter el vicecanciller peruano, Ignacio Higueras.
Durante la intervención de Boric el martes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Buenos Aires, el mandatario chileno afirmó que no podía ser indiferente cuando en Perú, “con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”. Además, destacó “la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú”.
La primera en criticar a Boric fue la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, quien aún en la cumbre calificó de “falso y ofensivo insinuar”, en alusión a las palabras de Boric, “que el gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan”.
Durante su visita al sur de territorio chileno el jueves, Boric fue consultado por el mensaje del vicecanciller en el que se trasladó el malestar peruano. El presidente respondió que lo que hizo fue “manifestar nuestra preocupación por la violación de derechos humanos y por el fallecimiento de más de 50 personas, a la fecha, en el marco de las protestas que se han llevado a cabo en Perú”.
