LIMA — Las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, sumaron una nueva muerte en el sur del país el jueves, un adolescente de 16 años.
Llegaron a 49 fallecidos por la convulsión que inició en diciembre, luego de que el Congreso destituyó al mandatario Pedro Castillo por intentar disolver este poder del Estado para evitar su remoción.
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La última víctima fue identificada con las iniciales B.A.J, de 16 años, y murió en la región sureña de Puno, según el reporte de la Defensoría del Pueblo el jueves al mediodía.
Los familiares dijeron que llevaba internado desde hacía dos días en estado crítico por tener incrustada una bala en el cerebro, en una transmisión con el sitio web del diario peruano La República.
Con este deceso, se elevaron a 19 los fallecidos durante las protestas en Puno, donde el lunes ya se había registrado la jornada más letal de la convulsión en el país andino, que incluyó la muerte de un policía calcinado en su coche patrulla tras ser atacado por un grupo de manifestantes.
La Defensoría del Pueblo reportó el jueves que hubo movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 35 provincias, la mayoría de regiones del sur del país.
Además, registró 80 puntos de bloqueo en vías nacionales y un cerco de manifestantes a un centro comercial en la ciudad de Arequipa, en otra región sureña del mismo nombre.
En Lima, cientos marchaban por el centro de la ciudad reclamando la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. Algunos pedían la liberación de Castillo, quien permanece preso.
Los gobernadores regionales de Puno, Cusco y Apurímac han pedido la dimisión de la presidenta como una medida necesaria para apaciguar las manifestaciones en el país.
En Cusco, un grupo de manifestantes intentaron quemar la sede de la Inspectoría General de la Policía Nacional en esa región. Arrojaron combustible y prendieron fuego. Los policías lograron dispersarlos y apagar el incendio que se había iniciado en la puerta del local.
En Puno, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, llegó para recabar información sobre las protestas y la crisis social, como parte de su visita oficial que había iniciado en la víspera con reuniones con Baluarte y después con otras autoridades.
La CIDH estuvo también en Perú en noviembre, a petición de Pedro Castillo, cuando aún era presidente para atender la crisis de inestabilidad política del gobierno del exmandatario destituido en diciembre.
En Apurímac, otra región del sur, un grupo de pobladores protestaron en la entrada de la mina Las Bambas.
Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso esta semana, tras retomarse el miércoles pasado, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
Con la destitución de Castillo, la inestabilidad política en Perú se ha cobrado ya cinco presidentes en seis años.
Entre los manifestantes que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanece en prisión preventiva por ocho meses mientras es investigado por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre.
La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.
